El verano de 2025 quedará grabado en la memoria colectiva como uno de los más duros que ha vivido España en materia de incendios forestales. Según datos del programa europeo Copernicus/EFFIS, hasta mediados de agosto habían ardido unas 382.600 hectáreas en 228 siniestros. Solo en ese mes, las llamas arrasaron más de 336.000 hectáreas, una cifra inédita que refleja la magnitud de la tragedia.

Los fuegos se cebaron especialmente en el noroeste peninsular. En Zamora y León, el incendio de Molezuelas de la Carballeda calcinó unas 37.000 hectáreas, mientras que en Ourense las llamas se extendieron en varios puntos: Larouco superó las 20.000 hectáreas, Chandrexa de Queixa y Vilariño rondaron las 18.000, y en A Rúa se alcanzaron las 38.000. En Castilla y León, Uña de Quintana fue uno de los más devastadores, con cerca de 40.000 hectáreas afectadas.

Paradójicamente, en España cada vez se producen menos incendios, pero los que se declaran resultan mucho más virulentos. La proporción de Grandes Incendios Forestales (GIF) —aquellos que superan las 500 hectáreas— sigue creciendo. Y a ellos se suman los llamados incendios de sexta generación, capaces de modificar las condiciones meteorológicas locales y de generar auténticas tormentas de fuego.

Este fenómeno, agravado por la acumulación de combustible seco, las olas de calor prolongadas y los efectos del cambio climático, pone en jaque a los medios de extinción tradicionales y multiplica los daños a poblaciones, infraestructuras y ecosistemas.

Si hay una región que ilustra con crudeza lo ocurrido este verano, esa es Extremadura. Hasta septiembre, según la Junta, habían ardido unas 50.000 hectáreas en al menos siete GIF que afectaron a medio centenar de localidades.

El caso más dramático fue el incendio de Jarilla, provocado por un rayo. Con unas 17.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 130 kilómetros, se convirtió en el peor incendio de la historia reciente extremeña. Durante días avanzó con varios frentes simultáneos y una intensidad que desbordó las capacidades de respuesta.

Un cambio de rumbo necesario

Los incendios de 2025 han puesto de manifiesto que, pese a los avances en prevención, coordinación y sensibilización, necesitamos un cambio profundo en la forma de abordar este fenómeno. Más recursos, formación especializada, profesionalización del cuerpo de bomberos forestales y una nueva gestión del territorio son pasos imprescindibles para reducir la vulnerabilidad.

No se trata solo de apagar incendios, sino de repensar la relación entre sociedad y paisaje. El abandono rural, la falta de aprovechamiento forestal y el cambio climático forman un cóctel explosivo que nos condena a ver veranos cada vez más catastróficos si no se actúa de manera decidida.

Un ejemplo desde Sierra de Gata

En esa línea, iniciativas como el proyecto Economía Verde y Circular del Valle del Árrago (EVC Árrago), en la Sierra de Gata, apuntan hacia un nuevo modelo. Con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y la Unión Europea, busca regenerar paisajes, fomentar la biodiversidad y generar economías sostenibles que, a la vez, funcionen como cortafuegos naturales frente a los grandes incendios.

La propuesta combina participación ciudadana, recuperación de mosaicos agrarios y aprovechamientos tradicionales. Un enfoque integral que une prevención, desarrollo rural y sostenibilidad, demostrando que la lucha contra los incendios no pasa solo por helicópteros y brigadas, sino también por la gestión inteligente del territorio.

El verano negro de 2025 nos ha dejado una advertencia clara: los incendios forestales en España no son un problema aislado, sino un desafío estructural. Requieren recursos, planificación y un cambio de paradigma que conecte la gestión ambiental con el desarrollo rural.

De lo contrario, cada verano estaremos condenados a contar nuevas hectáreas calcinadas y nuevas comunidades heridas. El reto está sobre la mesa: decidir si queremos seguir apagando fuegos o empezar a prevenirlos de verdad.